El desgobierno de la política educativa y de tantas otras políticas públicas sería seguramente menor si los cambios legales se hubieran producido tras haber constatado lo que ha funcionado o lo que no. Lo mismo podría decirse en la política criminal, donde el capricho del mandatario de turno hace y deshace delitos o introduce, sin ningún tipo de evidencia empírica que respalde su eficacia, alteraciones fundamentales en el sistema de penas o sanciones que contienen limitaciones brutales de la libertad de los ciudadanos como la libertad vigilada y, especialmente, la prisión permanente revisable.
Con la finalidad de introducir en el debate penal la necesidad de evaluar las políticas penales, el Grupo Español de Política Legislativa Penal se embarcó en una investigación conjunta. El resultado es este libro que pretende abordar al menos un aspecto de cada uno de los ejes de la evaluación: desde análisis teórico-prácticos acerca de cómo se debe evaluar, pasando por experiencias singulares en algunos países, hasta llegar al control constitucional de las leyes penales. Todo ello sin olvidar la importancia de las estadísticas para poder realizar evaluaciones de calidad y el que quizá sea uno de los temas más novedosos: la utilización de análisis de costes, coste-eficacia y coste-beneficios en la evaluación de las políticas criminales, así como la contribución de los estudios económicos en la configuración de principios como el de lesividad.
Pese al intento de acercarse a los diversos perfiles y consecuencias que la evaluación implica para la política criminal, esta publicación constituye únicamente un punto de partida que habrá alcanzado en buena medida sus objetivos si consigue poner en la agenda pública la evaluación de las normas penales.
